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Los pactos y convenios no homologados judicialmente ¿qué eficacia jurídica tienen?.
jueves, 12 de junio de 2014
 
 El Convenio Regulador es un negocio jurídico de Derecho de Familia que se otorga como consecuencia de la crisis matrimonial que acaba en Separación o Divorcio, pero que también es aplicable a las situaciones de parejas de hecho.

 El contenido del Convenio puede variar, en atención a la voluntad de los otorgantes, como así ha sido reconocido por el Trib unal Supremo en diversas Sentencias Judiciales, entre ellas la de 4 de noviembre de 2011.

 El convenio regulador normalmente necesitará ser ratificado ante el Juez, y esta homologación judicial le dotará de eficacia procesal a los efectos reconocidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
 
No obstante sino ha sido homologado judicialmente, esta circunstancia no le priva de validez entre los cónyuges, ya que estará revestido de la fuerza correspondiente a todo negocio jurídico, más aún, si contiene una parte ajena al contenido previsto en el artículo 90 del Código Civil.

 Del mismo modo, viene reconociéndose la validez y eficacia, de otros pactos que, fuera del convenio regulador vengan referidos a las consecuencias del matrimonio, bien en Capítulos Matrimoniales o bien en documentos complementarios al propio Convenio que regula la crisis conyugal o de pareja.
 Por tanto estos documentos, firmados al amparo del principio de autonomía de la voluntad de los contratantes tiene fuerza legal entre las partes que los firmaron, es decir, los contratantes, siempre que sus estipulaciones no sean contrarias a las leyes, la moral o el orden público y que concurran los elementos esenciales de un contrato de consentimiento, objeto y causa.

 Sin embargo cuando dichos pactos no homologados judicialmente, hayan sido elevados a escritura pública su fuerza será ejecutiva.

 Al amparo de lo anterior, es necesario realizar varias puntualizaciones:

 1. Cuando se trata de parejas de hecho, los procedimientos especiales regulados en el libro IV, título I de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solo constituyen el cauce legal idóneo para sustanciar los aspectos referidos a la guarda, custodia y alimentos de los hijos menores, y por tanto no serán acumulables otras pretensiones relativas a cuestiones distintas que habrá de dilucidarse a través del proceso declarativo que corresponda.

 Los pactos de los progenitores relativos a cuestiones patrimoniales que excedan de las obligaciones consensuadas respecto de los hijos menores, conservarán su validez en el aspecto patrimonial, si bien carecerán de eficacia procesal a los efectos de despacho de ejecución forzosa en los casos de incumplimiento.

 2. Los pactos en relación a terceros contenidos en el Convenio Regulador no homologados judicialmente no solo obligan a los cónyuges entre si respecto a lo pactado, sino también frente a terceros, pues el Código Civil establece que si el contrato contuviese alguna estipulación a favor de un tercero, este podrá exigir su cumplimiento siempre que se hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquella revocada.

 En este sentido así lo declaró la Audiencia Provincial de Barcelona en Sentencia de 25 de mayo de 2004, resolviendo un supuesto, en el cual el tercero había aceptado tácitamente antes de la revocación del pacto consensuado en Convenio Regulador.

 3. Los pactos no homologados judicialmente por los que se establece la obligación de prestar alimentos a favor de los hijos comunes, o entre los propios cónyuges, están favorecidos por la presunción de validez, sin precisar de aprobación u homologación judicial.
 No obstante no serán susceptibles de homologación forzosa, dado que requerirán de un proceso declarativo, en el que se demuestre su realidad y alcance, y todo ello si no ha sido incorporados a un instrumento público.

 Los pactos voluntarios de alimentos entre cónyuges, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2011, tienen naturaleza contractual, y de no ser que se limiten de forma expresa en la separación, mantienen su eficacia a pesar del divorcio posterior, por lo que el alimentista deberá seguir prestándolos.

 Por ultimo reseñar, que cuando un Convenio Regulador extrajudicial es seguido por otro posterior homologado judicialmente, no puede prosperar una petición de ejecución del primero no homologado, pues se estaría modificando lo resuelto en una Sentencia posterior que es precisamente el titulo ejecutivo.

 Fdo. Begoña Cuenca Alcaine


                                           
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