Hace poco, el 31 de mayo expiró el plazo de presentación de matrículas en los Centros de Educación Primaria en Valencia y su provincia. Ha habido un revuelo en torno a que ha salido a la luz la iniciativa de un foro que con el título “Intrigas Valencianas” los diferentes padres sacan a la luz los chanchullos y falsificaciones que se dan en los procesos de admisión de alumnos tanto en Colegios Públicos como Privados. (Falsificación de renta e informes médicos, por ejemplo).

La escasez de plazas escolares de titularidad pública, desató una oleada de denuncias por los padres. La fiscalía detectó irregularidades en la matriculación de un Colegio de Valencia, que en junio del año pasado se plasmó en una sanción contra 18 familias por “falsificación de documento público” para obtener una plaza concertada. La investigación concluyó con que los padres habían acreditado discapacidades inexistentes no visadas por Bienestar Social. Este año hay sospechas de que ha vuelto a pasar lo mismo, con lo cual se ha vuelto a denunciar. Desde Consellería se ha dicho que "el actual proceso de matrícula se supervisará con lupa, para evitar este tipo de problemas".

¿Qué es lo que más puntúa? El peso de la renta ha bajado un 75% con el nuevo decreto de admisión de alumnos, que ya está en vigor. Lo que más contará será vivir cerca, tener hermanos en el centro, que los padres sean maestros allí, y la discapacidad. El colegio podrá regalar un punto a quien quiera. Todo este escándalo ha llegado incluso hasta las Cortes Valencianas, achacando unos partidos a otros quien es responsable de la falta de plazas escolares.

Nos encontramos no sólo ante un delito muy grave por parte de los padres de “falsificación de documento público”, castigado con penas incluso de prisión en el CP (arts. 390 – 394), sino que incluso indirectamente también salpica a la Administración por su falta de transparencia e información en el proceso de matriculación. ¿Cómo es posible que muchos centros todavía no conozcan la normativa?.

En caso de empate de puntos entre los candidatos a la admisión y como indica el art. 28 h del Decreto 33/2007, se resolvería por Sorteo ante el Consejo Escolar.

Pero en la realidad ¿que medidas se adoptan si se pilla este tipo de falsificación?

Si es en un colegio público se abre expediente al centro, pero si pasa en uno concertado el niño será expulsado (irá donde haya plazas) y la Administración podrá actuar de oficio contra los padres.

La Consellería, consciente del malestar que genera el proceso de matrícula y del fraude ha intentado frenarlo este curso en un nuevo decreto de admisión. En su texto, se prevé que «la falsedad en los datos declarados o en la documentación aportada para la acreditación de las circunstancias determinantes de los criterios de admisión, así como la duplicidad de solicitudes, conllevará la exclusión de la misma, y se procederá a la escolarización del alumno en el centro en que quedasen plazas vacantes. Todo ello sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que pudieran derivarse de otro orden. En los casos de falsedad en los datos, la administración educativa deberá actuar de oficio contra las personas que incurran en falsedad documental». Pero, a pesar de esas medidas, la semana pasada la Federación de Padres de Alumnos dio a conocer que hay colegios concertados que exigen del pago de cuotas para obtener una plaza. Y eso que ahora se subvencionarán los bachilleratos.

Sin embargo, el nuevo decreto no tiene medidas que eviten el fraude, sólo castigos a quien lo haga. Este curso ya echaron a 18 niños de los Maristas porque sus padres falsificaron documentos.